Guía para la Inclusión de la Discapacidad en Cooperación para el Desarrollo

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Miércoles 10 de Abril del 2019

La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de 2006, y su Protocolo Opcional facultativo, forman parte del ordenamiento jurídico español desde el 3 de mayo de 2008. La Convención destaca el hecho de que la mayoría de las personas con discapacidad - que suponen un 15% de la población mundial según la Organización Mundial de la Salud (OMS)- vive en condiciones de pobreza y reconoce la necesidad crítica de abordar el impacto negativo que ésta tiene en las personas con discapacidad desde un enfoque basado en los derechos.

Una respuesta a este desafío global se esboza en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que pone en su núcleo un compromiso para acabar con la pobreza mundial y no dejar a nadie atrás, incluyendo a las personas con discapacidad, en todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), tanto con menciones específicas como formando parte del conjunto de población en situación de vulnerabilidad. Siendo la lucha contra la pobreza - desde un enfoque basado en los derechos humanos- uno de los objetivos de la política española, europea e internacional de cooperación para el desarrollo, resulta imprescindible la inclusión efectiva de las personas con discapacidad en las acciones de la Cooperación española.